MANIOBRA PARLAMENTARIA

El TC anuló una treta como la que aplazará el cambio en las Cajas

31/01/2012 8:40:00

GASTEIZ-. Aplazar la renovación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro de la CAV introduciendo una enmienda en la primera ley, sea de lo que sea, que fuera a aprobarse en el Parlamento de Gasteiz. Ese era el objetivo de PNV, PSE y PP y así lo harán este jueves -si nada lo impide- a través de una disposición adicional añadida a la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia, que no tiene ninguna relación con las entidades de ahorro.

La maniobra -de la que no se recuerdan precedentes en la Cámara autonómica- tiene apariencia de irregular, puesto que la iniciativa, que altera lo establecido en los estatutos de las Cajas, se presentará en el mismo pleno sin haber pasado por ningún trámite previo de control de su legalidad, como pudiera ser la calificación de la Mesa o la petición de un informe de los servicios jurídicos.

Además, la Sentencia 119/2011, de 5 de julio, del Tribunal Constitucional, establece la necesidad de que haya una relación entre una enmienda y la ley enmendada, puesto que una "enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa". Con este razonamiento anuló la decisión de la Mesa del Senado de diciembre de 2003 (mayoría absoluta del PP) de admitir reformas en el Código Penal -como la que castigaba la convocatoria de consultas- a través de enmiendas a la Ley de Arbitraje.

Renovaciones en marzo y abril

De acuerdo con sus estatutos, BBK, Kutxa y Vital Kutxa deben renovar la mitad de sus asambleas generales, consejos de administración y comisiones de control entre el 1 de marzo y el 30 de abril, en unos procesos electorales que en algún caso están ya en marcha.

PNV, PSE y PP pretenden suspender estos procesos y prorrogar hasta un máximo de seis meses el mandato de los cargos que ahora debían renovarse. Alegan que cuando el Parlamento de Gasteiz apruebe la nueva Ley de Cajas, habrá que renovar otra vez sus órganos de gobierno y que gracias a esta prórroga se evita acumular dos procesos electorales en un plazo de pocos meses.

Pero a nadie se le escapa que la actual composición de los órganos de gobierno de las cajas dista mucho de responder a la representación social de cada territorio que se constató en las pasadas elecciones municipales y forales. Por ejemplo, el aplazamiento electoral conllevaría un notable retraso en la incorporación a las asambleas de representantes de Bildu, primera fuerza en número de concejales en la CAV y con fuerte presencia en las Juntas Generales de los tres territorios.

Especialmente notable es el caso de Gipuzkoa, donde gobierna la Diputación y el Ayuntamiento de Donostia (entidades fundadoras que tienen 20 de los 100 de la Asamblea General), y la inmensa mayoría de las corporaciones municipales en cuyo término tiene abiertas oficinas Kutxa (que suman otros 30 representantes en la Asamblea General).

El aplazamiento también retrasa la traducción del poder del PP en Araba en los órganos de Vital Kutxa. Pero en este caso, la pérdida temporal se ve compensada por el acuerdo alcanzado con el PNV para repartirse entre ambos partidos el Consejo de Administración de Kutxabank.

Los próximos meses serán decisivos en la definición y organización del nuevo banco, por lo que el aplazamiento en la renovación de los órganos no es anecdótico.

En la primera ley que llegue

PSE, PNV y PP acordaron introducir una enmienda para prorrogar el mandato de los actuales órganos de gobierno de las Cajas en la primera ley que fuera a aprobarse en el Parlamento, y la pasada semana cerraron el texto para introducir una disposición adicional en la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia.

Se hará, además, aprovechando una de las enmiendas reservadas por el PNV para el debate en pleno, para dar lugar a una enmienda transaccional que nada tiene que ver con la ley debatida y que ni siquiera se ha discutido y analizado durante la tramitación parlamentaria.

PNV, PSE y PP colarán así que los cargos que estatutariamente debían ser relevados "quedarán automáticamente prorrogados, de forma excepcional" hasta la renovación de órganos a la que obligará la Ley de Cajas cuando se apruebe en el Parlamento. El plazo máximo es de seis meses.

La STC 199/2011

La utilización de una enmienda en una ley para alterar algo que no tiene nada que ver con su contenido fue considerado ilegal por el Tribunal Constitucional en su sentencia 199/2011, que anuló los cambios introducidos por el PP de José María Aznar en el Código Penal aprovechando una reforma de la Ley Arbitral en el Senado.

El Constitucional establece que "la enmienda, conceptual y lingüísticamente, implica la modificación de algo preexistente, cuyo objeto y naturaleza ha sido determinado con anterioridad; solo se enmienda lo ya definido".

Señala que, al aceptar una enmienda que no tiene nada que ver con el texto enmendado, "se pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa". Lo que debería conllevar la superación de todo su trámite de aprobación.

El Tribunal recuerda que existen mecanismos para aprobar normas con urgencia y asegura que "desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa no deja de ser una lesión constitucional por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente". Y concluye que "una buena política legislativa puede evitarlo y cuando excepcionalmente no sea posible debe asumir el coste democrático que pueda tener pero no forzar la Constitución".