PRESUNTO FRAUDE

Lakua se personará para reclamar daños por los contratos en Justicia

22/02/2012 20:42:00

GASTEIZ-. La consejera de Justicia del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, y la viceconsejera de Justicia, Victoria Cinto, han comparecido ante la comisión correspondiente del Parlamento para informar de este caso.

El pasado 9 de febrero la propia Mendia desveló que el Departamento de Justicia, dirigido entre los años 2000 y 2009 por Joseba Azkarraga (EA), habría pagado 23 millones de euros por una quincena de contratos sobre mejoras informáticas en la Administración de Justicia que no se habían ejecutado.

El resultado de la investigación dirigida por Cinto ha sido puesto en conocimiento del fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, que hoy ha anunciado la apertura de nuevas investigaciones.

Cinto ha explicado que si finalmente se abre un procedimiento penal por lo sucedido, propondrá a la consejera que el Gobierno de Gasteiz se persone como acusación particular para reclamar compensaciones por daños.

En el caso de que finalmente no se abra un procedimiento penal, porque la Fiscalía no vea indicios de delito, el Gobierno tiene previsto reclamar por otras vías, según ha reconocido la propia consejera.

Mendia y Cinto han explicado de forma pormenorizada el transcurso de los expedientes presuntamente irregulares y ha defendido la actuación "impecable" de Lakua que, ha dicho, ha procedido con "prudencia y mesura".

La consejera ha reiterado que el Gobierno ha comunicado a la Fiscalía una serie de contratos por trabajos pagados y no realizados y por aplicaciones informáticas pagadas dos veces, entre otras irregularidades.

Ha relatado que se hacían contratos para mejorar aplicaciones informáticas que no estaban implantadas y que incluso se firmaron contratos para la informatización de varios partidos judiciales que fue imposible que se realizara tal y como se recogía en ellos.

Mendia ha explicado que uno de esos contratos suponía que se tenían que informatizar 900 expedientes por hora, algo "materialmente imposible" y que supondría que se digitalizarían un millón de expedientes que, en el momento de realización del contrato, no existían en los tres juzgados afectados.

Cinto ha señalado que las memorias de los trabajos afectados "faltaban a la verdad", y que eran firmadas por la entonces directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, que era amiga "íntima" suya.

Esta comparecencia se ha desarrollado a petición propia del Gobierno, y de EA y el PP.

Juanjo Agirrezabala (EA) ha anunciado que si la denuncia ante la Fiscalía "queda en nada" pedirá la dimisión de la consejera, porque, ha considerado, no se podrá reponer la imagen y el daño a las personas y empresas citadas en este caso.